SERVICIOS LEGALES EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA: COMO IDENTIFICAR LAS MALAS PRÁCTICAS.

Por: Ana Lorena Morales

A manera de preámbulo:

La contratación pública en Panamà se regula por medio de la Ley 22 de 2006 y sus modificaciones, el Decreto Ejecutivo  366 del  28 de diciembre de 2006, por el cual se reglamenta la  Ley 22 de 27 de Junio de 2006; elDecreto Ejecutivo No. 188 de 27 de Noviembre de 2009, por el cual se reglamentan los procedimientos de selección de contratista vía electrónica en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”; el Decreto Ejecutivo No. 165 de 23 de Octubre de 2009, sobre procedimientos y metodologías de selección de los miembros del Tribunal Administrativo de  Contrataciones Públicas; el  Decreto No. 317-Leg. De 12 de Diciembre de 2006 por el cual se reglamentan las fianzas que se emitan para garantizar las obligaciones contractuales del Estado, entre otras normas supletorias.

Dicha normativa legal contempla los siguientes principios sobre los cuales deben descansar todas las actuaciones  de los participantes en un proceso Licitatorio:

  • TRANSPARENCIA
  • ECONOMIA
  • RESPONSABILIDAD E INHABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
  • EFICIENCIA
  • EFICACIA
  • DEBIDO PROCESO
  • PUBLICIDAD
  • ECONOMIA

Principio de transparencia.

Con este principio se busca  la claridad y correcta comunicación  de los distintos procesos de contratación pública que se realicen en la República de Panamá.

En este sentido, todas las contrataciones deberán realizarse, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante los procedimientos de selección de contratista estipulados por ley.

Todas las actuaciones de las autoridades son públicas y los procesos de selección de contratista están abiertos a cualquier persona interesada. Todos tienen la oportunidad de conocer los informes, los conceptos y las decisiones a través del portal “PanamaCompra”, o a través de los tableros de información que debe tener cada institución gubernamental. De igual manera, los participantes en los procesos pueden acceder al expediente relativo al proceso en el que ha participado.

Este principio también implica la actuación correcta de los funcionarios públicos, que no deben actuar con desviación de poder o abuso de autoridad.

Principio de economía.

El principio de economía pretende una simplificación de procesos para reducir gastos en contratación pública. Por este motivo, se incluye la obligación de cumplir los procedimientos y las etapas estrictamente necesarios, para que no den ocasión a seguir trámites distintos.

Principio de responsabilidad e inhabilidades de los servidores públicos.

Los funcionarios públicos no pueden celebrar contratos con la entidad u organismo en que trabajen, ni participar en calidad de propietarios, socios o accionistas de empresa o de administradores, gerentes, directores o representante legal del proponente en un acto público.

Esta disposición también se aplica a los miembros de las juntas y de los comités directivos de entidades públicas y empresas en que el Estado sea parte.

Los funcionarios públicos que participen en los procedimientos de selección de contratista y en los contratos están obligados a procurar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad licitante, sin perjuicio de los intereses legítimos de los contratistas y terceros. Serán legalmente responsables por sus actuaciones y omisiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa.

Principio de Eficiencia

Se entiende que es eficiente la actividad cuando se utilizan la capacitación y los medios  adecuados para cumplir las actividades y obligaciones con ahorro de tiempo y de gastos, simplificando los procedimientos burocráticos.

Principio de Eficacia

Los funcionarios deben observar las normas aplicables sin adicionar requisitos no previamente establecidos en el pliego de cargos  y eliminando las formalidades no exigidas por la ley.

Principio de Debido Proceso.

El debido proceso establece que todas las personas tienen derecho a las garantías esenciales, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo en los procedimientos de selección de contratista, y en las demás etapas de la contratación pública. También tiene derecho a ejercer acciones y hacer  valer sus derechos ante la entidad licitante, la Dirección General de Contrataciones

Públicas y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

Principio de publicidad

Todas las entidades reguladas por la Ley 22 de 27 de junio de 2006 están obligadas a divulgar toda la información relacionada con los procedimientos de selección de contratista.

Los funcionarios de las entidades contratantes deben dar publicidad a los procedimientos de selección de contratista por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” así como en los tableros informativos de su entidad.

Servicios Legales que se pueden prestar en Contratación Pública.

Etapa precontractual:  

Inicia con la evaluación del proyecto y termina con la adjudicación del contrato.    

Comprende las siguientes áreas:

Evaluación del proyecto

Revisión de la convocatoria y bases de la licitación

Asistencia durante toda la etapa licitatoria

Asistencia a la Reunión de Homologación  

Recomendaciones sobre el modelo contractual  a seguir.   

Etapa contractual: Es la etapa que inicia a partir de la firma del contrato. 

Comprende las siguientes áreas:

Gestión legal de contratos de construcción buscando facilitar el cumplimiento de los procedimientos contractuales y legales establecidos en resguardo de los intereses de nuestros clientes.

Cumplimiento   de obligaciones contractuales, permisos, licencias, sub contratos, reclamos de equilibrio económico, finiquitos.

Asistencia en la preparación y obtención de la aprobación de los Estudios de impacto ambiental relacionados con el proyecto y  asesoría de tipo laboral y migratoria.

Resolución de conflictos:

Preparación de reclamaciones y manejo de disputas; litigio, arbitraje, dispute boards, peritaje y negociaciones

Normativa anticorrupción vigente en nuestro ordenamiento jurídico:  

“El Soborno es percibido que ocurre en todos los sectores de negocios de la economía pero es más común en los contratos de obras públicas y el sector de la Construcción”.

FORBES

Primero es importante repasar la normativa anticorrupción de nuestro ordenamiento jurídico, para luego analizar las prácticas no adecuadas que se pueden dar en un proceso de contratación pública.

Blanqueo de capitales: El Artículo 254 del Código Penal panameño tipifica que el soborno internacional y la corrupción de servidores públicos son delitos precedentes al blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales en Panamá tiene como pena prisión de cinco a doce años.

Artículo 254.

“Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, delitos contra los Derechos de la Propiedad Industrial, Tráfico Ilícito de Migrantes, Trata de Personas, tráfico de órganos, delitos contra el Ambiente, delitos de Explotación Sexual Comercial, delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado, delitos contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos, estafa calificada, Robo, Delitos Financieros, secuestro, extorsión, homicidio por precio o recompensa, Peculado, Corrupción de Servidores Públicos, Enriquecimiento Injustificado, pornografía y Corrupción de Personas Menores de Edad, robo o tráfico internacional de vehículos, sus piezas y componentes, Falsificación de Documentos en General, omisión o falsedad de la declaración aduanera del viajero respecto a dineros, valores o documentos negociables, falsificación de moneda y otros valores, delitos contra el Patrimonio Histórico de la Nación, delitos contra la Seguridad Colectiva, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, delitos Relacionados con Drogas, Piratería, Delincuencia Organizada, Asociación Ilícita, Pandillerismo, Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos y Apropiación y Sustracción Violenta de Material Ilícito, tráfico y receptación de cosas provenientes del delito, delitos de contrabando, defraudación aduanera, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión”.

Peculado: El Título X, Capítulo I del Código Penal panameño tipifica el peculado en todas sus formas posibles. Solo un funcionario puede cometer estos delitos. Todas las formas de peculado llevan pena de prisión. Por ejemplo, en su forma más general, el peculado resulta en prisión por cuatro a diez años (Artículo 338). Sin embargo, si el funcionario regresa los fondos que estaban bajo su cuidado, la sentencia puede ser reducida (Artículo 344).

Artículo 338:

“El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00) o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de ocho a quince años de prisión”.

Artículo 339.

“El servidor público que, en ejercicio de su cargo y aprovechándose de error ajeno, se apropie, sustraiga o utilice, en beneficio propio o de un tercero, dinero, valores o bienes nacionales o municipales será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”.

Artículo 340.

“El servidor público que culposamente da ocasión a que se extravíen o pierdan dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, o da ocasión a que otra persona los sustraiga, utilice o se apropie de ellos, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con prisión de tres a seis años.

La persona que, aprovechándose de dicha conducta, sustraiga, utilice o se apropie del dinero, valores o bienes a que se refiere el párrafo anterior será sancionada con prisión de cuatro a seis años”.

Artículo 341.

“El servidor público que, para fines ajenos al servicio, use en beneficio propio o ajeno, o permita que otro use dinero, valores o bienes que estén bajo su cargo por razón de sus funciones o que se hallen bajo su guarda será sancionado con prisión de uno a tres años, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

La misma pena se aplicará al servidor público que utilice trabajos o servicios oficiales en su beneficio o permita que otro lo haga”.

Artículo 342.

“El servidor público que dé a los caudales o efectos que administra una aplicación o función pública distinta de aquella a la cual estuvieran destinados y resulta afectado el servicio o función encomendado será sancionado con prisión de uno a tres años.

La pena será de tres a seis años de prisión, si se actúa con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero, o si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social y resulta afectado el servicio o función encomendado”.

Artículo 343.

“Las disposiciones de este Capítulo son extensivas:

1. A quien se halle encargado, por cualquier concepto, de fondos, rentas o efectos de una entidad pública.

2. Al particular legalmente designado como depositario de caudales o efectos públicos.

3. Al administrador o depositario de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.

4. A las personas o a los representantes de personas jurídicas que se hallen encargados de administrar dinero, bienes o valores que formen parte de una donación realizada para el Estado proveniente del extranjero o hecha por el Estado para obras de carácter público y de interés social.

5. A los trabajadores de empresas de servicios públicos en las que el Estado tenga participación económica, salvo que una ley especial establezca otra situación”.

Artículo 344.

“Cuando antes de dictarse la resolución de elevación de la causa a juicio, el responsable de los delitos descritos en los artículos 338, 339 y 341reintegra los dineros y sus intereses, bienes o valores objeto de los delitos, la sanción se reducirá a la mitad. Si lo hace después de dictado el auto y antes de la sentencia de primera instancia, la reducción será de una tercera parte”.

Corrupción de Servidores Públicos

Artículo 345.

Será sancionado con prisión de dos a cuatro años el servidor público que, personalmente o por persona interpuesta, incurra en las siguientes conductas:

1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja, para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones, o quien las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas.

2. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a sus obligaciones, o como consecuencia del acto ya realizado”.

Artículo 346.

“El servidor público que, desempeñándose como miembro del Órgano Judicial o del Ministerio Público, autoridad administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia, personalmente o por persona interpuesta, acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero, beneficio o ventaja para perjudicar o favorecer a una de las partes en el proceso, o a consecuencia de haber perjudicado o favorecido a una de ellas, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Igual sanción se aplicará al funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio público que:

1. Por colusión o por otros medios fraudulentos, profiera resolución manifiestamente contraria a la Constitución Política o a la ley, de modo que cause perjuicio.

2. Por colusión o por otros medios fraudulentos, reciba o dé consejos jurídicos a cualquiera de las partes, de modo que cause perjuicio.

3. Retarde maliciosamente un proceso sometido a su decisión.

Si de las conductas previstas en este artículo resulta la condena de una persona inocente, la sanción será de cinco a diez años de prisión”.

Soborno

El artículo  347 del Código Penal indica que quien bajo cualquier modalidad, ofrezca, prometa o entregue a un servidor público donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja, para que realice, retarde u omita algún acto propio de su cargo o empleo  en violación de sus obligaciones , será sancionado con prisión de tres a seis años.    El soborno es descrito extensivamente en el Código Penal panameño. Tanto el funcionario que acepta el soborno como la persona que la otorga u ofrece son castigados por este delito. Por ejemplo, el Artículo 347 castiga a la persona que ofrece o da el soborno con prisión por tres a seis años. Al mismo tiempo, el soborno de funcionarios extranjeros que trabajan en Panamá también es tipificado como delito que cae en jurisdicción panameña.

Artículo 347. 

“Quien, bajo cualquier modalidad, ofrezca, prometa o entregue a un servidor público donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja para que realice, retarde u omita algún acto propio de su cargo o empleo o en violación de sus obligaciones será sancionado con prisión de tres a seis años.

Artículo 348.

“El servidor público que utilice a favor suyo o de tercero información o dato de carácter reservado o confidencial y de acceso restringido del que tenga conocimiento por razón de su cargo será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”.

Artículo 350.

“Cuando cualquiera de las conductas descritas en los artículos 345, 346 Y 347 de este Código, se realice sobre un servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional público, para que dicho servidor o funcionario realice, omita o retarde cualquier acto en violación de sus obligaciones, o para que realice algún acto propio de su cargo o empleo, o a consecuencia de los actos ya realizados, la sanción será de prisión de cinco a ocho años.

Enriquecimiento injustificado:

El enriquecimiento injustificado también es castigado por el Derecho penal panameño. En su forma más genérica, este delito lleva una pena de prisión de tres a seis años (Artículo 351).

Artículo 351:

El servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar será sancionado con prisión de tres a seis años.

La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00.)

La misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.

Para efectos de esta disposición, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”.

Concusión y exacción: La concusión tiene pena de prisión de tres a seis años y la exacción de seis meses a un año (Artículos 352 y 353).

Artículo 352:

El servidor público que induzca a alguien a dar o a prometer indebidamente dinero u otra utilidad en beneficio propio o de un tercero será sancionado con prisión tres a seis años”.

Artículo 353:

El servidor público que cobre algún impuesto, tasa, gravamen, contribución o derecho inexistente será sancionado con prisión de tres a seis años. Si el cobro es legal, pero se usa algún medio no autorizado por la ley, la sanción será de seis meses a un año de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”.

El tráfico de influencias (354) y el abuso de autoridad (355-359) son delitos también penados por el Derecho panameño con penas similares a las descritas anteriormente.

Artículo 354:

Quien valiéndose de su influencia o simulando tenerla, solicite, reciba, acepte promesa o prometa en beneficio propio o de un tercero, dinero, bienes o cualquier otro provecho económico o con efecto jurídico, con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público o un servidor público extranjero de una organización internacional en asunto que se encuentre conociendo o pueda conocer, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

La pena será de cinco a ocho años de prisión, si quien ejerce o simule influencia es un superior jerárquico de quien conoce o debe conocer el asunto de que se trata”.

Artículo 355.

“El servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

Artículo 356:

El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

La sanción se aumentará de un tercio a la mitad, cuando la omisión se dé en los casos de lanzamientos ordenados por autoridad competente”.

Fraude en actos de contratación pública:

Artículo 364.

Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días-multa quien:

1. Se concierte con otro para alterar el precio en un acto de contratación pública.

2. Solicite o reciba pago, pague o haga promesa de pago para participar o no participar en un acto de contratación pública.

3. Impida la participación de otro proponente o participante mediante violencia, intimidación o engaño.

4. Difunda noticias falsas o distorsionadas en alguno de los actos de contratación pública para sacar provecho a favor suyo o de un tercero.

5. Se concierte con su competidor para fijar el precio en uno o más actos de contratación pública.

Artículo 365.

“El servidor público que con su gestión favorezca o perjudique a alguno de los participantes en los actos públicos señalados en el artículo anterior será sancionado con prisión de dos a cuatro años o su equivalente en días-multa y con inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo.

El Código Penal panameño (Artículos 412-420) también contempla delitos relacionados al sector construcción. Por ejemplo, un funcionario a cargo de realizar un estudio de impacto ambiental sobre un proyecto de construcción que brinda información falsa en su reporte es castigado con prisión. En otro caso, si un promotor de bienes raíces ignora órdenes oficiales relacionadas a un proyecto de construcción, la prisión también es el resultado.

Es importante mencionar que el Derecho penal panameño reconoce que todo delito resulta en responsabilidad civil, y es por esto que la víctima del delito (en el caso de corrupción, el Estado es la víctima) puede presentar su querella ante el Juez y convertirse en parte del proceso penal para recibir la indemnización que corresponda.

Adicionalmente, a pesar de que los Artículos mencionados previamente solo mencionan la prisión como la pena para las formas varias de corrupción, un Juez puede suspender el derecho de una persona a ejercer un cargo público. En el caso de personas jurídicas, estas pueden ser multadas, tener su registro suspendido o hasta disuelto.

Ley 39 de 2001 – Ley Anticorrupción

Esta Ley, entre otras disposiciones, establece que los tribunales panameños serán competentes aunque un delito se cometa en el extranjero, siempre y cuando sus efectos se produzcan en territorio panameño.

En el caso de información bancaria solicitada por una jurisdicción extranjera, esta ley requiere que toda solicitud se ajuste al Derecho procesal panameño. Cualquier delito siendo investigado debe ser considerado delito por Panamá y la información debe ser solicitada por autoridad competente. Adicionalmente, el Estado que solicitó la información no puede utilizarla para propósitos diferentes a los establecidos en la solicitud formal.

Normativa Internacional vigente en la República de Panamà:

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción – Entró en vigor en Panamá el 14 de diciembre de 2005

Esta Convención obliga a todos los Estados parte de la convención a incluir en sus legislaciones normativas encaminada a castigar y prevenir la corrupción en todas sus formas. Al mismo tiempo, cada país debe tener una institución a cargo de dirigir la política estatal relativa a corrupción.

Los aspectos más relevantes de esta convención incluyen obligar a todos los Estados a tener un código de conducta para las personas que trabajan en el gobierno, legislación transparente relativa a contrataciones públicas, acceso a información pública, medidas contra blanqueo de capitales, una definición de cada forma de corrupción (las cuales fueron previamente descritas en la sección del Código penal panameño) y disposiciones relativas a la cooperación internacional en materia de corrupción.

Convención Interamericana contra la Corrupción – Entró en vigor en Panamá el 6 de noviembre de 1998

Esta Convención es muy similar a la Convención de las Naciones Unidas presentada. Es más corta y no discute algunos de los temas que fueron discutidos en la Convención anteriormente mencionada. Debido a que tienen más de veinte años, la consideramos un poco anticuada, pero la legislación panameña local y la Convención de las Naciones Unidas compensan aquello no discutido en esta convención.

Malas prácticas dentro de la contratación pública: cómo identificarlas  

  • Definición a puertas cerradas de proyectos de gran magnitud así como de las reglas de  las respectivas licitaciones.
  • La falta de estudios previos o falta de calidad de los estudios propician la corrupción.
  • Desorden en la ejecución presupuestal que ocasiona que en el mes de diciembre las entidades “corran” a contratar todo lo que pueden, generando un alto riesgo de corrupción por la presión en la ejecución del presupuesto.
  • Pliego de cargos a la medida: términos y condiciones restrictivos encaminados a que pocos o un posible proponente cumpla.    
  • Se abre un proceso licitatorio con periodos muy breves para el diseño y preparación  y presentación de ofertas. Existe la posibilidad de que un proponente conozca de antemano todos los términos y se encuentre listo para presentar.
  • Se modifican los parámetros de manera profunda dentro de la Homologación
  • Se modifican las condiciones en fecha cercana a la fecha de la presentación de ofertas
  • Un mismo contratista participando y adjudicándose todas las Licitaciones de una entidad pública.
  • Pliegos con ponderación donde la subjetividad tiene cabida.
  • Uso extendido de la contratación directa como excepción al mecanismo de Licitación Pública.
  • Contactos no permitidos con la Comisión Evaluadora para influencias resultados.
  • Obtener excepciones para evitar terminación de contratos por incumplimiento 
  • Cambios en las legislaciones para favorecer las condiciones tributarias o aduaneras.
  • Contribuciones Políticas
  • Contribuciones a organizaciones benéficas de dudosa reputación 
  • Pago a inspectores de obras o a los funcionarios públicos encargados de emitir los permisos y licencias necesarias para llevar a cabo las obras.

Bajo qué circunstancias los contratistas de obras de infraestructura pueden meterse en problemas:

Hemos observado que el soborno es un delito y si bien es cierto usualmente es dinero, existen cosas de valor que constituirían una violación si se dan de manera corrupta.

Entrega de dinero, joyería, I Phones, iPads, Portátiles, entradas para conciertos, eventos deportivos, entretenimiento como golf, tenis, paseos en bote, alcohol-vinos y licores, empleo para familiares o descendientes del funcionario público,  

Viajes (a menudo disfrazados como viajes de negocios), autos, entre otros.

La figura del Intermediario

Se le debe prestar especial cuidado a la figura del intermediario dentro de un proceso Licitatorio. Este es el clásico “consultor de negocios” que es retenido por la empresa para cabildear a un funcionario en el Ministerio y cuya prestación es tan alta que pudiera incluir  un pago de soborno o alguna otra cosa de valor para el funcionario.

El uso de intermediarios para hacer pagos ilícitos es impropio cuando el pagador sabe o debería saber que toda o una porción del pago al intermediario se dirigirá directa o indirectamente a un funcionario público.

Es de dudosa reputación el Intermediario  que tiene las siguientes características:

Vive fuera del país;

  • Exige una comisión inusualmente alta sin un nivel de servicios o riesgo correspondiente;
  • No hay recursos organizacionales para el alcance del servicio;
  • Relación familiar cercana, personal o profesional con el gobierno o partido político gobernante;
  • Es recomendado por el cliente gubernamental;
  • Se niega a firmar un compromiso contra la corrupción
  • Pide el pago en efectivo;
  • Solicita pagos a un banco ubicado en un país extranjero no relacionado con la transacción o pago a terceros no revelados.

Un servicio legal novedoso y que cobra vital importancia en el entorno que  vivimos: La preparación de manuales de cumplimiento para empresas contratista de obras de infraestructura con el Estado.  

“El soborno tiene efectos destructivos dentro de un negocio, socavando la confianza de los empleados en la gestión de una empresa y fomentando un ambiente permisivo para otros tipos de mala conducta corporativa, como la  malversación de fondos, el fraude financiero y el comportamiento anticompetitivo”

“La corrupción también es mala para los negocios. La corrupción es anticompetitiva, llevando a precios distorsionados y perjudicando negocios honestos a nivel mundial”

“La corrupción también introduce una incertidumbre significativa en las transacciones comerciales”.

El riesgo de corrupción está especialmente presente en el negocio de la construcción debido a la necesidad de obtener licencias, permisos y la pesada carga regulatoria. .

Existe cada vez menos tolerancia a la corrupción   y dentro de ese contexto es cada vez recomendable que las empresas tengan un manual de cumplimiento que sea estrictamente cumplido a todo nivel.

Estos manuales deben tener un lenguaje sencillo y no legal para poder llegar a todas y cada una de las personas dentro de una organización.

Cada política de cumplimiento debe comenzar con una declaración en firme de que cada empleado de la empresa en todos los niveles representa a la empresa y se espera que siga la ley, los reglamentos y cada parte de las políticas de cumplimiento establecidas en el manual.

Debe existir un compromiso de cero tolerancia a violaciones  y cada violación dará lugar a la imposición de alguna forma de acción disciplinaria.

Por qué es recomendable adoptar un manual de cumplimiento:

Las empresas de construcción son altamente vulnerables.

Por el riesgo reputacional, regulatorio, criminal y civil.  

Ayuda al cliente a evitar problemas

Mejora la reputación del cliente, le da mejor posición frente a instituciones financieras.

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