¿Alguna vez te ha pasado que ves un precio en un producto o servicio, pero al momento de pagar el monto final resulta mayor por impuestos o tasas adicionales? Esta práctica, común durante años en Panamá, genera confusión y afecta la confianza de los consumidores locales y extranjeros. Además, dificulta la planificación de presupuestos familiares y puede impactar negativamente la percepción del país como destino comercial y turístico.

Con la entrada en vigor de la Ley 473 del 19 de junio de 2025, que modifica la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor, este escenario cambiará. La nueva normativa establece un principio de transparencia en la exhibición de precios, obligando a que todo establecimiento o canal de venta muestre el precio total al contado, incluyendo impuestos y tasas oficiales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Exhibición de precios: el precio publicado deberá incluir todos los impuestos y tasas nacionales.
• Ventas a crédito: se podrá adicionar únicamente el costo del financiamiento.
• Cargos adicionales: solo se permitirán los que no sean inherentes al producto o servicio principal (por ejemplo, envío o instalación).
• Ventas especiales: las promociones, descuentos o rebajas deberán anunciarse con base en el precio total y no en el “precio real”, conforme a la terminología anterior.

RETOS PARA LAS EMPRESAS

Aunque a primera vista parece un simple cambio de presentación, esta normativa implica ajustes operativos relevantes. Las empresas deberán revisar y adaptar sus procesos para evitar contingencias legales. Los principales desafíos incluyen:

• Revisión de la estrategia de precios en todos los canales de venta (físicos y digitales).
• Adecuación de sistemas de facturación, puntos de venta y software contable para que reflejen correctamente el precio final.
• Definición de cargos adicionales válidos y su integración transparente en la política de precios.
• Comunicación clara con clientes y equipos internos para minimizar riesgos de reclamos o confusión.

Las compañías que no se adapten oportunamente podrían enfrentar:

• Reclamos por publicidad engañosa.
• Sanciones de la ACODECO.
• Impacto reputacional frente a consumidores nacionales e internacionales.

ACCIONES RECOMENDADAS

1. Auditar procesos de fijación y exhibición de precios en todos los canales.
2. Actualizar sistemas tecnológicos para garantizar coherencia en la facturación.
3. Revisar términos y condiciones de venta para alinearlos con la nueva legislación.
4. Capacitar al personal de ventas y atención al cliente para comunicar adecuadamente el nuevo marco legal.
5. Monitorear las reglamentaciones que emitirá el Órgano Ejecutivo en los próximos meses para anticipar cambios específicos.

¿Cómo podemos apoyar a su empresa?

En FABREGA MOLINO entendemos que la entrada en vigor de esta Ley no se trata solo de un ajuste legal, sino de un reto empresarial y operativo. Nuestro equipo acompaña a las empresas en:

• Diagnóstico de impacto de la Ley en sus procesos comerciales y financieros.
• Asesoría legal y regulatoria para la adaptación de contratos, políticas y términos de venta.
• Diseño de protocolos de comunicación y atención al consumidor alineados con la nueva normativa.
• Prevención y mitigación de riesgos frente a posibles sanciones y reclamos.

La Ley entrará en vigor un año después de su promulgación, ofreciendo un margen de preparación. Anticiparse será clave: quienes implementen estos cambios de manera estratégica no solo evitarán sanciones, sino que podrán convertir la transparencia en precios en una ventaja competitiva para atraer y retener clientes.