La destrucción de mercancía infractora suele considerarse el punto final de una investigación por falsificación o piratería. Sin embargo, estos procedimientos pueden ofrecer información valiosa para futuras investigaciones, fortalecer la capacitación de las autoridades y abrir la puerta a enfoques más sostenibles en la disposición de productos ilícitos. En este artículo, analizamos por qué la destrucción puede ser mucho más que el cierre de un expediente.

Cuando hablamos de la lucha contra la piratería y la falsificación, solemos pensar que el objetivo final de un caso es lograr la retención y posterior destrucción de la mercancía infractora. Una vez obtenida la orden de destrucción, pareciera que el trabajo ha concluido y que el expediente puede cerrarse.

Sin embargo, la experiencia demuestra que la destrucción no debería ser vista como el final del proceso, sino como una oportunidad para generar conocimiento, fortalecer capacidades institucionales, identificar tendencias e incluso replantear la forma en que enfrentamos estas actividades ilícitas.

En muchos casos, es precisamente durante la fase de destrucción cuando obtenemos información valiosa que puede contribuir a futuras investigaciones y mejorar la coordinación entre autoridades y titulares de derechos.

Panamá como centro logístico y punto estratégico de control

Gracias a su posición geográfica privilegiada y a la relevancia del Canal de Panamá, nuestro país se ha consolidado como uno de los principales centros logísticos del mundo. Se estima que aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial transita por esta vía, una realidad que genera importantes oportunidades para el comercio legítimo, pero que también puede ser aprovechada por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

La posibilidad de identificar, retener y destruir mercancía que infringe derechos de propiedad intelectual y que transita por Panamá, ya sea mediante acciones administrativas, civiles o penales, constituye una herramienta fundamental en la protección de los derechos de propiedad intelectual y en la lucha contra las redes de falsificación.

El papel fundamental de las autoridades

Si bien los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden ejercer acciones legales contra los infractores, la participación de la Autoridad Nacional de Aduanas y del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, resulta indispensable para lograr la efectiva retención de mercancías infractoras.

No obstante, la realidad operativa plantea desafíos importantes. Los recursos estatales no siempre son suficientes para almacenar grandes volúmenes de mercancía retenida, especialmente cuando se trata de procedimientos complejos o de larga duración.

Por esta razón, es frecuente que las autoridades soliciten la colaboración de los titulares de derechos para facilitar la logística necesaria para el transporte, manejo y almacenamiento de los productos retenidos mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

En este contexto, el abogado especializado en anticounterfeiting asume un rol que va mucho más allá del análisis jurídico. Debe coordinar operaciones logísticas, gestionar transporte, supervisar inventarios, coordinar personal y garantizar la disponibilidad de espacios adecuados para el almacenamiento seguro de la mercancía.

Precisamente por los costos y desafíos que implica mantener estos productos bajo custodia, las autoridades han reconocido la importancia de impulsar procedimientos que permitan la destrucción oportuna de mercancía infractora cuando las circunstancias del caso lo justifican.

La destrucción: un proceso mucho más complejo de lo que parece

Obtenida la orden de destrucción, los titulares de derechos suelen colaborar activamente con las autoridades para ejecutar la diligencia.

Sin embargo, la destrucción dista mucho de ser un procedimiento simple. Cada categoría de producto presenta desafíos particulares que deben ser cuidadosamente evaluados. No es lo mismo destruir ropa, juguetes, cosméticos, medicamentos, productos químicos o repuestos automotrices.

Además de garantizar que los productos queden completamente inutilizados, es necesario analizar el impacto ambiental del procedimiento y la forma en que serán manejados los residuos resultantes.

La destrucción responsable exige considerar aspectos relacionados con la gestión de residuos, la seguridad industrial y la sostenibilidad ambiental. En consecuencia, el profesional que participa en estos procesos debe comprender no solo los aspectos legales involucrados, sino también las implicaciones técnicas y ambientales de cada método de destrucción.

Recientemente tuve la oportunidad de coordinar una destrucción utilizando una planta de incineración industrial que permitía reducir los productos a cenizas, minimizando significativamente el volumen de residuos generados. Este tipo de instalaciones incorpora sistemas de tratamiento de emisiones que permiten gestionar adecuadamente los gases producidos durante el proceso, convirtiéndose en una alternativa eficiente y ambientalmente responsable para ciertos tipos de mercancía.

Se logró la destrucción. ¿Y ahora qué?

Una vez ejecutada la destrucción, suele considerarse que se ha alcanzado uno de los principales objetivos del combate a la piratería: retirar del mercado la mercancía infractora.

Sin embargo, limitar el análisis a ese resultado puede significar desaprovechar una valiosa fuente de información.

Los procesos de destrucción ofrecen una oportunidad única para analizar empaques, etiquetas, documentos de transporte, patrones de embalaje y otros elementos que pueden aportar información relevante sobre el origen de la mercancía, las rutas utilizadas para su movilización y los métodos empleados por las organizaciones involucradas.

Esta información puede transformarse en inteligencia útil para futuras investigaciones y fortalecer las estrategias de cumplimiento y protección de derechos.

Asimismo, los productos incautados constituyen herramientas extraordinarias para la capacitación de funcionarios aduaneros, fiscales e investigadores. La posibilidad de examinar mercancía falsificada real permite mejorar significativamente la capacidad de identificación y detección de infracciones.

La destrucción también cumple una función educativa. Dar visibilidad a estos procedimientos ayuda a generar conciencia entre los consumidores sobre los riesgos asociados a la adquisición de productos falsificados y sobre la importancia de proteger la innovación, la creatividad y la inversión detrás de los derechos de propiedad intelectual.

Hacia una visión más sostenible

Con frecuencia surge la pregunta de si la mercancía infractora podría ser donada en lugar de destruida.

Aunque en situaciones muy específicas ello podría ser evaluado, la realidad es que, en la mayoría de los casos, la destrucción sigue siendo la alternativa más segura. La ausencia de garantías sobre el origen, composición o calidad de estos productos puede representar riesgos significativos para la salud, la seguridad o el patrimonio de los consumidores.

No obstante, cada vez cobran mayor relevancia iniciativas orientadas al reciclaje, reutilización o transformación de ciertos componentes de la mercancía infractora, permitiendo reducir el impacto ambiental asociado a estos procedimientos.

Este enfoque exige repensar la forma en que concebimos la disposición final de los productos falsificados y explorar alternativas que combinen efectividad, seguridad y sostenibilidad.

Más allá del cierre de un expediente

La destrucción de mercancía infractora no debe entenderse únicamente como el último acto de un procedimiento exitoso.

Cada destrucción representa una oportunidad para generar inteligencia, fortalecer capacidades institucionales, capacitar autoridades, educar consumidores y desarrollar mecanismos más eficientes y sostenibles para enfrentar la falsificación y la piratería.

Quizás la verdadera pregunta no sea si logramos destruir la mercancía, sino qué aprendimos de ella antes de hacerlo.